Criminalizar transportistas, garrote político
Luego de que el Congreso del Estado aprobara las reformas al artículo 190 bis del Código Penal a partir de la propuesta enviada por el Ejecutivo del Estado, y que establece que aumentarán las penas de prisión a los operadores de unidades del transporte público, taxis, servicios de arrastre y corralones que presten servicio sin concesión o permisos, el diputado local Nibardo Hernández Sánchez afirmó que esta acción es “garrote político en contra de los trabajadores del Movimiento Antorchista.” Aseguró que son más de 2 mil 500 trabajadores adheridos a las filas del Movimiento Antorchista quienes sufrirán las consecuencias de la ley que impulsó el gobernador, “sin contar a los miles que seguramente hay y que no tienen quién los defienda”.
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