A decir del representante de la asociación, Carlos González Feria, y el ambientalista Mario Gutiérrez —quien acompaña el proceso—, estos elementos vuelven ilegales, nulos y revocables los permisos estatales y municipales otorgados en 2018 y 2019 a las inmobiliarias, pero también a las obras construidas y aprobadas por el gobierno del estado.

Respecto a la necesidad de un permiso del INAH, recuerdan que desde 1969 se sabe que existen más de 20 pirámides en el Cerro de Amalucan y sus alrededores, en un área de entre 10 a 15 kilómetros cuadrados; es decir, de mil a mil 500 hectáreas. Esta superficie sería hasta 19 veces mayor a las 82.6 hectáreas que comprende el Parque de Amalucan. En un oficio fechado en 2011, el INAH reconoce a esta área como “zona arqueológica” y “patrimonio cultural de nuestro país”.

En cuanto a la falta del visto bueno de la Semarnat, el Colegio menciona que la presencia de especies forestales, como el encino (de competencia federal) y el cedro blanco (de competencia federal, enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y catalogado como de protección especial) era suficiente para impedir la tala, remoción o trasplantación de los ejemplares.