Más allá de la representación simbólica de los imaginarios indígenas en las tomas de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Barbosa —con la entrega del bastón de mando—, las lenguas indígenas y sus hablantes están siendo amenazados; o por falta de una política pública encaminada a la preservación cultural, sino por una deliberada afrenta de los gobiernos, las empresas y el crimen organizado.

Tan sólo en la última década, 108 personas defensoras del agua, los bosques y el territorio fueron asesinadas en México; 82 de éstas pertenecían a un pueblo indígena, reveló la investigación de Laura Castellanos y Denisse Sandoval, que cruza información de la organización Global Witness, el CEMDA, la UNAM y otras fuentes. Del total de crímenes, el pueblo náhuatl —con presencia en 12 estados incluido Puebla— registra el mayor número de asesinatos: 45.

Destacan los casos de Antonio Esteban Cruz, dirigente de una organización que frenó el proyecto hidroeléctrico en Cuamano, asesinado en junio de 2014 (Cuetzalan); Manuel Gaspar Rodríguez, opositor a proyectos mineros a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas y la subestación de la CFE, asesinado en mayo de 2018 (Cuetzalan).