• Asegura el Comisionado del INM que el tema sale de su competencia. • Sólo se canalizó a un extranjero, dijo, para que ejerciera su derecho de
acceso a la justicia, en cumplimiento de la Ley de Migración. El Instituto Nacional de Migración nada tiene que ver en la denuncia interpuesta
por un ciudadano guatemalteco en contra del sacerdote Alejandro Solalinde
Guerra, toda vez que es un tema que sale de su competencia; así lo dijo el
Comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río y aclaró que lo único que
hizo personal del Instituto de la delegación Puebla y que sí forma parte de
sus funciones y sus obligaciones, fue canalizar al extranjero con la autoridad
competente para que ejerciera su derecho de presentar una denuncia y tener el
debido acceso a la justicia, tal como obliga la nueva Ley de Migración. Lo anterior, a raíz de una carta que organismos civiles publicaron el pasado
jueves, señalando al INM por la denuncia interpuesta ante la Procuraduría
General de la República, que llevó al sacerdote Alejandro Solalinde a declarar
en calidad de indiciado ante el Ministerio Público Federal en Oaxaca por la
presunta comisión del delito de abandono de persona. Dicha denuncia la interpuso el migrante guatemalteco Juan Francisco Silvestre,
debido a que no fue recibido en el Albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec
Oaxaca, donde a decir suyo, no quisieron canalizarlo a alguna instancia
hospitalaria para su debida atención médica por un problema que el extranjero
presentaba en los ojos a causa del insecticida empleado en una plantación. Entre los organismos firmantes de la citada carta se encuentran FUNDAR,
centro de análisis e investigación, Migrantes Frontera Sur, Coalición pro
defensa del Migrante de Baja California, Centro Nacional de Comunicación
Social (CENCOS), el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y
la Casa del Migrante de Saltillo, entre otras. No obstante en su misiva los activistas se manifestaron preocupados por
la denuncia que responsabiliza al Presbítero Alejandro Solalinde, también
coincidieron en que la acción emprendida por la Delegación del INM en Puebla
al canalizar al guatemalteco con la PGR, refleja que la exigencia de acceso a
la justicia sí se respetará ya que a decir suyo, durante años las víctimas de
delitos o de violaciones a los derechos humanos no eran reconocidas por los
funcionarios de gobierno.
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