Además de presentar registros falsos en la licitación, Innovación MEC y JCB falsearon la marca del equipo. Animal Político consultó a la compañía Advanced Instrumentations, ubicada en Miami, Florida, para confirmar que hubiera vendido a las empresas de la red la Unidad Radiológica Fluoroscópica con Arco en C. En entrevista telefónica la firma desmintió este dato, ya que no es fabricante de ese modelo.

Agregó que ya tenían conocimiento del caso porque los han buscado de hospitales mexicanos (sin detallar cuáles) para solicitarles refacciones de esos equipos, pero no cuentan con ellas ya que ese modelo no existe en la marca.

El caso de la unidad radiológica no fue el único en el que las empresas de la red presentaron información falsa en las licitaciones. En 2016, en una compra conjunta entre el IMSS y la Sedena marcada con el folio E11-2016, los peritos que revisaron las propuestas de equipo detectaron un nuevo uso ilegal de los registros sanitarios.

En esa ocasión, la empresa Innovación MEC intentó vender a ambas dependencias varias Centrales de Monitoreo hospitalario y una Unidad de Anestesia básica. Al comprobarse que los registros sanitarios presentados no correspondían a los equipos, y que incluso los equipos ofertados no eran de los mismos modelos de la documentación técnica, fueron rechazados de la competencia.

Esa situación no detuvo a la red de empresa, ni provocó que los funcionarios del IMSS dejaran de comprarle equipo a la red.

Usurparon la empresa

Del uso ilícito de Innovación MEC para vender equipo al IMSS, Escalona Correa se enteró dos años y medio después de que dejó de laborar en la empresa de María Isabel Camacho; para ese momento la empresa ya había ganado 47 licitaciones, había generado 330 facturas por la venta de entre otros equipos, 174 electrocardiógrafos, por lo cual emprendió una batalla legal contra Camacho Ruiz para deslindarse de estas acciones.

Escalona proporcionó a Animal Político los documentos que prueban que esta red utilizó el domicilio de su empresa para otras en las licitaciones; registró como empleados suyos a miembros de la red, incluido un exfuncionario del IMSS y su madre; falsificó su firma en facturas y realizó movimientos hacendarios de manera virtual.

En entrevista la contadora Isabel Camacho, su abogado Jorge Federico Solórzano y su socio, el exfuncionario Javier Israel Fernández negaron las acusaciones y aseguraron que se trata de un intento de extorsión por parte de Escalona.

Animal Político solicitó al IMSS su postura respecto a los contratos firmados con una empresa cuya propiedad nunca confirmó, lo único que dijo la institución es que no había ninguna investigación al respecto.

El origen de Innovación MEC

De acuerdo con el testimonio de Escalona Correa, sustentado por documentos probatorios que presentó en la demanda mercantil que inició hace unos meses, la abogada conoció a María Isabel Camacho en 2011, cuando le vendió un inmueble en la colonia San Jerónimo Aculco. A los pocos meses se convirtió en su representante legal para los trámites que requerían sus empresas, particularmente la obtención de registros sanitarios de sus equipos ante la Cofepris.

Tras dos años de colaboración, Camacho Ruiz le sugirió crear su propia empresa para vender equipo médico. Escalona Correa decidió seguir la sugerencia y registró a la empresa Innovación MEC, que según su acta ante Registro Público tiene dos socios: Escalona Correa y su sobrino Guillermo Escalona Olivares, únicos apoderados y administradores de la empresa.

"Cuando me di cuenta que había cosas raras decidí salirme. Yo tramitaba los permisos ante Cofepris y encontré uno que estaba raro; cuando le pregunté a Javier me dijo que ese equipo no tenía y que yo lo 'hiciera' ahí mismo, o sea que lo fabricara. Yo les dije que a esas cosas no le iba a entrar y renuncié" dijo Miriam Escalona.

La mujer se refiere a Javier Israel Fernández López, socio de Isabel Camacho y exsubdirector del Hospital de Ginecobstetricia 'Luis Castelazo Ayala' del IMSS, quien fue registrado como empleado de Innovación MEC junto con su madre, Cristina López, según consta en los recibos de nómina que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó a Escalona cuando ella realizó su investigación para iniciar la demanda mercantil.

Tras renunciar a su trabajo con María Isabel Camacho, la abogada solicitó dejar por escrito y ante notario los trámites necesarios para revocarle legalmente todos los cargos que tenía en la red: comisaria de cinco de las seis empresas; representante ante el SAT de DCG Technology; representante ante el IMSS de MED Prime; responsable sanitario de JCB; así como todas las obligaciones legales y fiscales derivadas de su propia empresa, Innovación MEC, para lo cual solicitó a Isabel le firmara una transmisión de las acciones.

Ambas firmaron un acta con estos compromisos pero Isabel sólo cumplió con revocarle los cargos en su red de empresas: nunca convocó a una asamblea de accionistas para adquirir Innovación MEC y sin embargo, la utilizó para conseguir más contratos con el IMSS.

De acuerdo con la información registrada en el portal de adquisiciones del gobierno Compranet, consultada por este medio, Innovación MEC ha cobrado al IMSS 26 millones, 424 mil 468 pesos a través de 47 procedimientos: 31 licitaciones públicas, cinco invitaciones a por lo menos tres empresas y nueve adjudicaciones directas. En estas últimas también resultaron beneficiadas otras empresas de la red: MED Prime, DCG e International Equipment JCB –de las cuales Isabel Camacho es apoderada legal-, así como Dacega Corporation, administrada por Camacho.

Escalona Correa asegura que nunca tuvo conocimiento de ninguno de estos movimientos hasta mediados de 2017 cuando otro exempleado de Camacho, que también dejó la red por las irregularidades que ahí ocurrían, le avisó que su nombre seguía apareciendo en documentos de otra de las empresas, por lo que la abogada solicitó al IMSS toda la información sobre los contratos celebrados con Innovación MEC; al SAT le pidió lo relativo a trámites hacendarios y buscó a la empresa de facturación en línea Factorum para que le entregara las facturas emitidas por su empresa: 330 en total. Así fue como descubrió la actividad que por dos años tuvo su empresa sin su consentimiento.

También, descubrió que María Isabel Camacho y su sobrina, Patricia Gutiérrez, abrieron una cuenta en BBVA Bancomer donde recibían los pagos. Dicha institución bancaria es el tercer actor demandado por Escalona, por haber permitido la apertura de una cuenta a nombre de una empresa sin acreditar la propiedad o la identidad de quienes la abrieron. Frente a la demanda mercantil, Bancomer envió una primera respuesta, en la que confirmó que las firmas registradas en la cuenta son las de Patricia Gutiérrez e Isabel Camacho.

Las acusaciones mutuas

Tanto Fernández López como Isabel Camacho –también socios por la constitución en enero pasado de una nueva empresa de la que ambos son accionistas: Proyectos Médico- Hospitalarios de México–, admitieron en entrevista la existencia de la red de empresas pero negaron ser dueños del resto, sólo ella admitió la propiedad de Dacega Corporation y rechazaron que se trate de simulación de competencia.

Y aseguraron que todas las imputaciones son un intento de extorsión por parte de Miriam Escalona.

"Estoy amenazada por parte de la señora Miriam Escalona. Ella se dedica a la extorsión", dijo Isabel Camacho en entrevista con Animal Político.

En una segunda entrevista Fernández López aseguró que han interpuesto denuncias formales contra Miriam Escalona por robo y extorsión, pero no presentó ningún documento para sustentarlo.

Fernández acudió acompañado de Jorge Federico Solórzano, otro de los abogados de Camacho Ruiz, quien ha acudido como representante de Innovación MEC ante el IMSS para las licitaciones, y cuyo nombre y firma como "representante legal" aparece en garantías de los equipos vendidos por MEC.

Cuestionado sobre estos documentos, Solórzano Medinilla se limitó a responder que el documento mostrado "es una copia fotostática", sin negar que se tratara de su firma.

La demanda mercantil de Miriam Escalona presentada ante el juzgado 11 de Distrito sigue en marcha, ya que según la abogada, quiere quedar libre de responsabilidades por el uso que se dio a su empresa sin su consentimiento, además de reparar su reputación ante las acusaciones de extorsión por parte de la red de Isabel Camacho Ruiz.

"Ella me mandó decir que me calmara porque tenía conocidos a nivel Presidencia y en nuestro país vemos día a día que las personas que denuncian son asesinadas. A mí lo que me preocupa es mi familia, mi equipo de trabajo y mi trayectoria porque yo tengo un nombre, una reputación, un buró de crédito, muchas cosas que yo construí y no es posible que alguien venga y me lo robe, porque eso hizo, me robó la identidad", puntualizó Escalona Correa.

Niega Arriola haber dado contratos a red

 El candidato a la jefatura de gobierno por parte del PRI, Mikel Arriola Peñalosa, se des­lindó por contratos cuando fue titular del IMSS, además, se presentó en la Universidad Ibe­roamericana de la Ciudad de México, donde fue abucheado por los estudiantes.

De acuerdo con información de Animal Polí­tico, el aspirante del Partido Revolucionario Ins­titucional, se deslindó de la entrega de 248 con­tratos por un total de 674 millones de pesos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a una red de seis empresas proveedoras de equipo e instrumental médico, propiedad de una misma familia.

En su visita a la Universidad Iberoamericana (UIA) fue cuestionado por dos estudiantes sobre el tema, sin embargo aseguró que en 2012 él no era director del IMSS, sino titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sani­tarios (Cofepris) y aseguró que sí estuvo a car­go del Instituto cuando se comenzaron a otor­gar los contratos irregulares.

La relación de las compañías de las que habla el reportaje con el IMSS inició en 2012 y siguió durante los años en que el Instituto estuvo diri­gido por el actual titular de Hacienda, José Anto­nio González Anaya, y por Mikel Arriola, hoy candidato a la jefatura de gobierno de CDMX por el PRI.

Esta red simuló competir en licitaciones y regaló viajes a Miami y China a funcionarios para obtener favores, incluso, estas empre­sas siguieron como proveedores del IMSS aun cuando se comprobó que falsificaron registros sanitarios de los equipos médicos que vendían, tal como confirmó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Niega opacidad en contratos Luego de la publicación sobre el IMSS, el aspi­rante respondió que los procesos de compra "se han consolidado en transparencia y libre com­petencia para los proveedores", pues pasó de 60 a 76 por ciento los procesos de adquisiciones a través de licitaciones.

Destacó que el instituto busca con sus com­pras obtener "las mejores condiciones de com­pra del mercado y todas las contrataciones se llevan a cabo a través de la plataforma de Com­pranet de la Secretaría de la Función Pública".

Sobre los boletos de avión comprados a fun­cionarios del IMSS por la red de empresas seña­ladas, el instituto justificó que en la industria far­macéutica se realizan invitaciones instituciona­les a servidores públicos "a exposiciones sobre procedimientos innovadores, o a la presenta­ción de equipos médicos de vanguardia en tra­tamientos y terapias, que requieren de traslado para conocer su eficiencia y funcionamiento".

Añadió que el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, realiza una investigación para deslin­dar responsabilidades.

Genera enfrentamientos Mientras el candidato a jefe de Gobierno reali­zaba su intervención, un grupo de alumnos le gritaban consignas como "La Ibero no te quie­re", "Fuera el PRI de la Ibero", "El PRI es mino­ría", "Fuera acarreados del PRI, nosotros sí estu­diamos", hasta que autoridades de la universi­dad pidieron respeto.

Al interior del recinto, en la primera ronda de preguntas y respuestas, el candidato priis­ta fue cuestionado por su postura en contra del aborto, sobre el consumo de mariguana y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, por lo que al menos siete alumnos calificaron sus propuestas de "tradicionales" y cuestionaron su gestión al frente de dependencias públicas, pero se desató la trifulca afuera del auditorio José Sánchez Villaseñor.

Por lo que un grupo de alumnos, con creden­ciales en mano, pancartas y algunas banderas arcoíris de la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Tran­sexuales e Intersexuales), exigió que el represen­tante del PRI se quitara la chamarra con colores e imagen institucional de la UIA mientras corea­ba "¡Fuera PRI de la Ibero!", "¡La Ibero no te quiere!" y "¡Homófobo!". En algunos de sus mensajes se leía: "Mikel, retrógrada, la familia ya cambió". Los alumnos en favor y en contra de Arrio­la permanecieron en el inmueble en espera de la salida del priista. Los gritos no cesaron.

"Quiero señalar de manera tajante que yo no soy ningún intolerante y no soy ningún homofó­bico. Eso yo lo he sostenido. Y quisiera decirles de frente que yo no quitaría ningún derecho y no pondría a discusión ningúno en la Constitución.

Yo lo que hice fue hacer un señalamiento en el mes de febrero, de la mariguana y de los niños, como Mikel Arriola", señaló el priista. Una vez que el abanderado del PRI se fue del recinto universitario, los grupos estudiantiles se deshicieron.

Denuncia presunta compra de votos Los abanderados del PRI al Gobierno de la Ciu­dad de México y a la alcaldía de Coyoacán, Mikel Arriola y Oliverio Orozco, respectivamente, pre­sentaron una denuncia de hechos ante el Institu­to Electoral local (IECM).

Desde la sede del órgano electoral, los aspi­rantes exhibieron seis pruebas que documentan la presunta compra de votos por parte de la coa­lición Por la Ciudad de México al Frente a través de la entrega de vajillas, tarjetas electrónicas con 4 mil pesos que tienen impreso el nombre y ape­llido de la persona, un video y testimonios con notario público.

"También vamos a presentar esta denun­cia ante la Fepade (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales) porque es un delito electoral y también acudiremos a la Procuraduría capitalina".

Recordó que el IECM emitió en el mes de mayo una serie de medidas cautelares para que no se uti­lizaran alrededores de mil 200 millones de pesos en la compra del voto en la Ciudad de México. "Hoy venimos a presentar evidencias de que estas medidas cautelares fueron violadas", manifestó Arriola Peñalosa.

El contendienteOliverio Orozco aseguró que a través de las redes sociales se enteró que en el deportivo El Copete en Pedregal de Santo Domin­go habría la repartición de dinero a cambio del voto, además, comentó que con una cámara escondida se observó que había una concentra­ción "anormal" de personas en donde había ele­mentos de la policía capitalina.

Afirmó que había un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ordenando a la gente para que le dieran su dinero. Sostuvo que la entrega de tarjetas supuesta­mente se da como apoyo del programa "A tu lado" pero a cambio se les pide a las personas que se manifiesten a favor de ese frente.