La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas y gorras para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, recién creado por el gobierno para combatir la pobreza extrema.

Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que sólo se entregó 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres, revela una investigación del diario digital http://www.animalpolitico.com/ y la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias. En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.

Lea mañana la investigación íntegra en las ediciones impresa y digital de El Popular, diario imparcial de Puebla.