A seis años del Caso Ayotzinapa, la consigna continúa vigente “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”; replicada una y otra vez en las voces incansables de las madres y los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Estas frases son acompañadas por ciudadanas y ciudadanos que se solidarizaron con este dolor, pero también por los miles de familias que todos los días buscan a sus seres queridos. Tal como el escritor Francisco Goldman señaló, “Los 43 se convirtieron en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido (…)”.

De acuerdo con el “Informe del Caso Iguala” realizado por la entonces Procuraduría General de la República, el 26 y 27 de septiembre de 2014, 6 personas fueron privadas de la vida y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, fueron agredidos y privados de su libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la Resolución 28/2014, emitida el 3 de octubre del mismo año, instó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados, así como de los jóvenes heridos, a fin de proteger su derecho a la vida y a la integridad personal. Además, solicitó a informar las acciones adoptadas para la investigación de los hechos.

Tal como la CIDH, diversos actores de la comunidad internacional se sumaron a los pronunciamientos, y algunos de ellos a la investigación del caso. La ciudadanía, colectivos sociales y los universitarios también se volcaron a las calles para exigir el esclarecimiento de los hechos, para hacer resonar la voz de las madres y los padres que buscan a sus hijos. Hoy, a unas horas del sexto aniversario de estos lastimosos hechos, aún quedan muchas incógnitas.

El conocimiento de las circunstancias de este caso tiene gran relevancia social, el ejercicio colectivo del derecho de acceso a la información es útil para impulsar el derecho a la verdad que tiene toda la sociedad, así como para tener certeza de que las autoridades actuaron conforme a Derecho. El interés de la población en el tema se evidencia en que el Instituto Nacional de Transparencia, a través de su Pleno, ha resuelto XXX recursos de revisión, con corte al 31 de agosto de 2020. Estamos convencidos que tanto las 1,066 solicitudes de información presentadas ante XX sujetos obligados, como las resoluciones emitidas por el colegiado, dan cuenta de la voluntad de la sociedad de saber y tener acceso a documentación e información encaminada al esclarecimiento de los hechos; pero también para conocer y tener certeza de las actuaciones e investigaciones de las autoridades.

Las familias y la sociedad tienen derecho a saber, tienen derecho a conocer la verdad; en este Instituto continuaremos trabajando para garantizar que la información veraz y de calidad sea un elemento que los acerque a la justicia. 

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